¿Cómo es el despido en España?

La regulación de los despidos en España siempre es un tema de fricción entre las empresas y los sindicatos y trabajadores. Es primordial que ambas partes tengan claro los elementos específicos para que no haya lugar a conflictos. Obviamente, las grandes empresas cuentan con servicios jurídicos que controlan ese tema a la perfección, mientras que los trabajadores deben recurrir a bufetes como Marben para tener las espaldas bien cubiertas.

El despido en España ha sufrido numerosas modificaciones en los últimos tiempos, con el fin de dinamizar la economía. Otra cosa es la economía de quién, puesto que parece favorecer mucho más a las empresas que a los trabajadores. Queda por ver la influencia en este sentido que podría tener un cambio de gobierno.

Disminuye el interés por abaratar el despido

Abaratar el coste de despedir un empleado ya no figura entre las principales peticiones de las empresas para mejorar el mercado laboral, que en España mira todavía de superar el mal infligido por la crisis en términos de destrucción de ocupación. De acuerdo con una encuesta reciente del Círculo de Economía al empresariado, la reducción de las indemnizaciones por despido aparece bastante abajo en la lista de reformas urgentes por las cuales apuestan las compañías para enderezar el mercado de trabajo. La mayoría están a favor de recortar los costes asociados a la contratación y solo uno de cada diez empresarios menciona la rebaja del despido como una posible solución para dinamizar todavía más el mercado laboral español.

Hay que recordar que el coste del despido fue uno de los blancos de la reforma laboral aprobada por el PP hace cuatro años -que recibió el voto favorable de la antigua CiU y de UPN- y esto puede haber contribuido a hacer que caiga de entre los deseos de reforma de los empresarios. La ley vigente amplió las causas en que se puede despedir por motivos justificados (económicos o productivos o bien organizativos) y redujo la cantidad del despido improcedente de 45 a 33 días por año.

La receta que genera más consenso entre los encuestados -uno de cada cuatro lo propone- es la de propiciar más que los sueldos puedan ligarse a la productividad de los trabajadores. En segundo lugar, con un 16% de los apoyos, hay la petición que se reduzcan las cotizaciones sociales, un deseo recurrente entre las empresas. En este caso, el abaratamiento de los costes sí que favorecería un mercado de trabajo más dinámico, aseguran los empresarios: “Tenemos unos impuestos sobre la contratación que ahogan muchas empresas, hay que bajarlos y garantizar la estabilidad en el tiempo de las bonificaciones”, opina la directora de relaciones laborales de Pimec, Elena de la Campa.

Por lo que se desprende de las respuestas a la encuesta, los empresarios ven margen para el ajuste de los costes que afrontan cuando contratan. Los sindicatos, por el contrario, alertan sobre los riesgos que comporta abusar de esta vía: “Las bonificaciones a la contratación son inútiles porque no se ha demostrado que contribuyan a crear trabajo de calidad y sí, en cambio, a vaciar la caja de la Seguridad Social”, critica la portavoz de CCOO de Cataluña, Dolors Llobet.

Entre las propuestas recogidas en el informe, a pesar de que con menos adeptos, está la simplificación de los modelos contractuales, la mejora de la formación de los ocupados y los incentivos a la contratación de parados, así como la reducción de la inseguridad jurídica después de la reforma laboral.

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